Si se aprueba, la Proposición 137 enmendaría la Constitución de Arizona para eliminar la capacidad de los votantes de responsabilizar a los jueces al eliminar el proceso de retención judicial para los jueces de la Corte Suprema estatal, los jueces de la Corte de Apelaciones y los jueces en los condados de Coconino, Maricopa, Pima y Pinal. Esto permitiría a los jueces recibir nombramientos de por vida, reduciendo la transparencia y dificultando que el público garantice la responsabilidad judicial. Si se aprueba, la Proposición 137 se aplicaría retroactivamente a las elecciones de noviembre, potencialmente anulando las decisiones de los votantes de no retener a ciertos jueces. Esta medida parece estar dirigida a proteger a los jueces que están en proceso de retención este año y que respaldaron la prohibición del aborto de 1864 previa a la estadidad. Durante más de 50 años, la constitución de Arizona ha permitido a los votantes responsabilizar a los jueces a través de elecciones de retención. Estas elecciones son una herramienta democrática vital, asegurando que los jueces sirvan al interés público en lugar de agendas personales o políticas. Ayudan a prevenir que los tribunales se politizan en exceso al garantizar que las decisiones estén fundamentadas en la ley, no en presiones externas. Actualmente, el gobernador nombra a los jueces de una lista de nominados no partidista, y esos jueces deben presentarse a la retención después de su primer mandato. Los jueces de primera instancia se enfrentan a los votantes cada cuatro años, mientras que los jueces de apelaciones y de la Corte Suprema se enfrentan a los votantes cada seis años. La Proposición 137 eliminaría estas elecciones y otorgaría a los jueces nombramientos de por vida. Bajo el nuevo sistema, los jueces solo serían destituidos si son condenados por un delito grave o después de una revisión de desempeño negativa por una comisión, privando al público de la capacidad de votarlos. En 2016, el entonces gobernador Doug Ducey amplió la Corte Suprema estatal de cinco a siete escaños, consolidando una mayoría conservadora. Desde entonces, la corte ha tomado varias decisiones políticamente cargadas que han amenazado la financiación de las escuelas públicas, los derechos de voto y las protecciones de los trabajadores. Eliminar las elecciones de retención debilitaría la judicatura de Arizona al eliminar un mecanismo clave de responsabilidad. Preservar estas elecciones es esencial para mantener la integridad judicial y defender los principios democráticos. Los habitantes de Arizona merecen un sistema judicial y político que siga siendo responsable ante el público, no ante intereses especiales. Un voto en contra de la Proposición 137 asegurará que los votantes sigan teniendo voz en quién permanece en el tribunal.
Si se aprueba, la Proposición 137 enmendaría la Constitución de Arizona para eliminar la capacidad de los votantes de responsabilizar a los jueces al eliminar el proceso de retención judicial para los jueces de la Corte Suprema estatal, los jueces de la Corte de Apelaciones y los jueces en los condados de Coconino, Maricopa, Pima y Pinal. Esto permitiría a los jueces recibir nombramientos de por vida, reduciendo la transparencia y dificultando que el público garantice la responsabilidad judicial. Si se aprueba, la Proposición 137 se aplicaría retroactivamente a las elecciones de noviembre, potencialmente anulando las decisiones de los votantes de no retener a ciertos jueces. Esta medida parece estar dirigida a proteger a los jueces que están en proceso de retención este año y que respaldaron la prohibición del aborto de 1864 previa a la estadidad. Durante más de 50 años, la constitución de Arizona ha permitido a los votantes responsabilizar a los jueces a través de elecciones de retención. Estas elecciones son una herramienta democrática vital, asegurando que los jueces sirvan al interés público en lugar de agendas personales o políticas. Ayudan a prevenir que los tribunales se politizan en exceso al garantizar que las decisiones estén fundamentadas en la ley, no en presiones externas. Actualmente, el gobernador nombra a los jueces de una lista de nominados no partidista, y esos jueces deben presentarse a la retención después de su primer mandato. Los jueces de primera instancia se enfrentan a los votantes cada cuatro años, mientras que los jueces de apelaciones y de la Corte Suprema se enfrentan a los votantes cada seis años. La Proposición 137 eliminaría estas elecciones y otorgaría a los jueces nombramientos de por vida. Bajo el nuevo sistema, los jueces solo serían destituidos si son condenados por un delito grave o después de una revisión de desempeño negativa por una comisión, privando al público de la capacidad de votarlos. En 2016, el entonces gobernador Doug Ducey amplió la Corte Suprema estatal de cinco a siete escaños, consolidando una mayoría conservadora. Desde entonces, la corte ha tomado varias decisiones políticamente cargadas que han amenazado la financiación de las escuelas públicas, los derechos de voto y las protecciones de los trabajadores. Eliminar las elecciones de retención debilitaría la judicatura de Arizona al eliminar un mecanismo clave de responsabilidad. Preservar estas elecciones es esencial para mantener la integridad judicial y defender los principios democráticos. Los habitantes de Arizona merecen un sistema judicial y político que siga siendo responsable ante el público, no ante intereses especiales. Un voto en contra de la Proposición 137 asegurará que los votantes sigan teniendo voz en quién permanece en el tribunal.